La Depuración
Declaración jurada de un trabajador de Renfe, la cual era un requisito imprescindible para superar el proceso de Depuración impuesto a toda la plantilla
Los sublevados configuraron, desde el primer momento, un aparato represor en el que la «depuración» –la obligación de demostrar la no culpabilidad– ocupó un papel central. La Ley de Responsabilidades Políticas el 10 de febrero de 1939 refundió lo legislado anteriormente en este aspecto, poniendo su articulado al servicio de «depurar» a todos aquellos que hubiesen pertenecido o hubiesen tenido algún tipo de relación política con los «enemigos del Movimiento Nacional». Ello se concretaba en un amplio y detallado catálogo de casos que, según la gravedad estimada, obligaba a imponer castigos que iban desde la inhabilitación absoluta o especial para trabajar, hasta el extrañamiento, el confinamiento, el destierro o la pérdida total de sus bienes, extendiéndose, en este último caso, incluso, a sus descendientes en los casos de que hubiesen heredado.
En el ferrocarril todos los trabajadores fueron confinados en una «presunta culpabilidad» de la que solo se podían exculpar si superaban un proceso de investigación llevado a cabo por los Tribunales Depuradores creados ad hoc por las compañías ferroviarias para cada grupo de categorías profesionales. Cerca de noventa mil trabajadores tuvieron que presentar una declaración jurada en la que debían hacer constar cuál había sido su relación con los partidos de Frente Popular. Fueron sancionados una gran cantidad de ellos, lo cual se tradujo en una estigmatización de todo el colectivo.
En esta sección se pone a disposición de la sociedad las referencias documentales existentes en nuestros archivos sobre el proceso de depuración. Puede realizar aquí su búsqueda.
