Mujeres ferroviarias

Mujer guardabarrera

Las mujeres ferroviarias 

Los sublevados dejaron claro, desde el primer momento, que aplicarían una represión específica a las mujeres por su condición de género. Su objetivo central residió en lograr su sumisión social mediante su confinamiento en el único rol de «esposas y madres». Ello comportó su expulsión de los mercados de trabajo o su ubicación en una situación laboral discriminada respecto a la de los hombres. En definitiva, se les atribuyó un estado de «minoría de edad» permanente. Las investigaciones desarrolladas indican que 4.592 mujeres fueron «depuradas» en el ámbito laboral, y que varios centenares de ellas fueron despedidas o se vieron exiliadas. Esta web pretende rescatar su memoria, narrando el sufrimiento que tuvieron que padecer por el mero hecho de ser mujeres, pero también el heroísmo de muchas de ellas al enfrentarse a un régimen naturalmente hostil.

El liberalismo consideró la mano de obra femenina como débil y su presencia en el mercado de trabajo como un accidente, ya que la función social de las mujeres se debía circunscribir a la maternidad y al trabajo doméstico. Así, la legislación laboral establecida durante las dos primeras décadas del siglo XX se implementó sobre dos ejes: el levantamiento de barreras de entrada al mercado de trabajo; y la protección paternalista. Las mujeres tenían prohibido el acceso a determinados trabajos de la Administración y a tareas peligrosas, fatigosas o insalubres, como la minería u otra serie de actividades cuando fueran menores 23 años. Sin embargo, cuando alcanzaban los 13 años sí podían empujar vagonetas ferroviarias con pesos inferiores a 150 kg y carretones, cangrejos o zorras con pesos inferiores a 20 kg. También tuvieron prohibido, desde 1914, el trabajo nocturno, excepto en el textil, en el que se estableció una moratoria hasta 1920. Y para «proteger» la maternidad estaban obligadas a abandonar el trabajo durante las tres semanas siguientes al parto y, aunque tenían derecho al subsidio de maternidad, este no se aprobó hasta 1931.

Si bien en 1931 se introdujeron el seguro de maternidad, el subsidio de lactancia y derechos médicos y farmacéuticos, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres establecida por la República se aplicó en el mercado laboral limitada y tardíamente. La abolición del derecho marital no se decretó hasta 1937 (excepto en Cataluña, que lo fue en 1935); y se mantuvo la prohibición de que las mujeres realizasen trabajos peligrosos y nocturnos, como fue el caso de las guardesas ferroviarias.

La incorporación del trabajo femenino en el ferrocarril se produjo durante las últimas décadas del siglo XIX, cuando las compañías acudieron a las esposas de los trabajadores de vía y obras para que guardasen los pasos a nivel con salarios que representaban entre un tercio y la mitad del que percibían los hombres. Las compañías consideraban este trabajo como una concesión ex gratia para complementar los ingresos familiares. De esta forma, se conformó un gran colectivo laboral femenino hegemónico en el ferrocarril –las guardesas– que las compañías institucionalizaron laboralmente como una «especie» de extensión de sus maridos. A notable distancia se situaba un segundo colectivo formado por las mujeres reclutadas para las tareas de limpieza, siendo excepcionales los casos en los que las mujeres desempeñaban oficios cualificados.

Los militares golpistas recogieron en el Fuero del Trabajo de 1938 el principio de que el Estado «liberara a la mujer casada del taller y de la fábrica» para asegurarse de que cumpliera el rol de esposa y madre que, según torticera ideología, les correspondía por su naturaleza. Y, en coherencia con ello, la dictadura incorporó al catálogo prohibitivo que las mujeres pudieran registrase en las oficinas de colocación si no eran cabezas de familia o acceder a trabajos de alto nivel en la Administración; así como las obligó a acogerse a una excedencia forzosa en caso de que contrajeran matrimonio.

En Renfe la primera incorporación de esta ideología machista llegó cuando en 1944 se obligó a las trabajadoras a acogerse a una excedencia forzosa cuando se casaran. Un año después se aprobó el «Plus por cargas Familiares» con el que se pretendía «proteger» a la familia para que las mujeres no trabajaran. No sería hasta la llegada de la democracia cuando esta discriminación quedaría abolida, y, desde entonces, gradualmente se fuera imponiendo la igualdad. 

En este enlace se hace público los nombres de las trabajadoras depuradas.

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